UNA EXPOSCIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE MUJERES

Estrasburgo reconoce el derecho de una mujer gitana a una pensión de viudedad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a María Luisa Muñoz, más conocida como 'la Nena'; la mujer que demandaba una pensión de viudedad por haber estado casada casi 30 años por el rito gitano. El Tribunal acaba de establecer que la mujer ha sido discriminada por el estado español y tiene derecho a esa pensión de viudedad y así lo ha avanzado la Cadena SER.



El Tribunal de Estrasburgo se basa en la no discriminación establecida en el artículo 14 de la Convención de Derechos Humanos para establecer que María Luisa Muñoz sí tiene derecho a la pensión de viudedad y determina un plazo de tres meses para que el estado español indemnice a la mujer con 70.000 euros. La justicia española había denegado este derecho a la mujer anteriormente.

La sentencia, emitida por seis votos a favor y uno en contra, sentará jurisprudencia y reconoce el derecho de las minorías étnicas a ser tratadas de forma diferenciada para favorecer su integración social. María Luisa Muñoz ha hablado en exlusiva para la Cadena SER y ha confesado: "Estoy contentísima porque nos reconozcan, porque somos normalitos como una persona más". Ha añadido también que le ha costado muchísimo y ha relatado la dureza del hecho de que "se te muere la persona que vive a tu lado, que te ayuda y apoya, y encima te encuentras esas puertas cerradas y esa forma de discriminación por mi raza".

Lucha por la justicia
María Luisa Muñoz, más conocida como 'la Nena', y madre de 6 hijos, enviudó en el año 2000 tras 29 años de matrimonio. La unión se celebró por el rito gitano, y una vez fallecido su marido, la mujer reclamó su pensión de viudedad por los años que su esposo cotizó.

Sin embargo, la Seguridad Social rechazó su petición bajo el argumento de que sólo los cónyuges tienen derecho a la pensión de viudedad, y no era el caso de María Luisa, porque su enlace por el rito gitano no estaba reconocido como matrimonio. La mujer emprendió entonces una batalla legal por discriminación que le ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Su abogado sostiene que en 1971, y cuando sólo tenía 15 años, Maria Luisa desconocía que su matrimonio por el rito gitano no tiene efectos civiles.

CAMBIO EL DOMICILIO EN EL SEDE DE ACSM

ASOC. CENTRO DE LA MUJER SORDA “SIN BARRERAS”

NUEVA SEDE QUE ESTÁ DENTRO DE:

FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCIA
CALLE SANTA CLARA Nº 80 BAJO
41002-SEVILLA

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678-75-98-24

E-MAIL: sinbarreras96@hotmail.com

Andalucía contará con una ley del uso del lenguaje de signos

La Junta, las diputaciones y los ayuntamientos deberán garantizar intérpretes en lengua de signos española a los 174.000 andaluces que tienen discapacidad auditiva y sordoceguera en servicios públicos como la administración, educación, salud, justicia o transportes.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar hoy la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera.

La norma, que amplía la legislación estatal de 2007, se aplicará en los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

Establece medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

"Se trata de convertir en derecho prestaciones para normalizar la plena integración de este colectivo", ha destacado.

En Andalucía hay 44.443 personas que tienen reconocida una discapacidad auditiva, de las que 21.246 son hombres y 23.197 mujeres, mientras la sordoceguera alcanza a 314 personas.

En cuanto al perfil de las personas con discapacidad auditiva, sólo el 4,3% tiene estudios universitarios; el 20,8% no sabe ni leer ni escribir y el 41,3% tiene estudios primarios incompletos, aunque en general los menos han accedido a la formación son los de mayor edad.

Con una dotación económica de 110 millones por año, desde el 2010 al 2012, las principales novedades pasan por la regulación de los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Los intérpretes de signo (actualmente 700) registrarán un notable incremento, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral.

La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.

La norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

Además, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En Educación, deberán ser reforzados los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que, tal como recordó la consejera, ya se vienen utilizando en los centros escolares, aunque Navarro prevé que el lenguaje de signos español sea considerado a efectos académicos como un idioma.

Este último aspecto supondrá promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

La futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.
El régimen sancionador fijado es el mismo que en la ley estatal, que prevé multas de entre 300 euros para las infracciones leves y un millón para las catalogadas como muy graves.

UN TALLER-CHARLA DE SENSIBILIZACCION PRECOZ LA DETENCCION DEL CANCER,

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-donde se celebrara: en Sevilla.

- LUGAR del salon es: Centro Civico de las Sirenas y calle Alameda de Hercules.
- FECHA: 28 de Noviembre
- HORA: de 16:00-20:00 horas.

Entrada Gratis para todas.

ATENCION NO HAY LUDOTECAS PARA NIÑOS
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Y ANIMAIS

Juventudes Socialistas: 'Cero abortos'

En el trimestre decisivo para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se suceden las campañas a favor y en contra, y esta semana saldrán las Juventudes Socialistas con una campaña integral a favor del proyecto de ley, en múltiples frentes y con un mensaje más que llamativo: "Súmate al 0. Cero embarazos no deseados. Cero abortos".

La campaña, según ha podido saber EL MUNDO, abarca todos los frentes en apoyo de la nueva legislación. Así, se creará una nueva página web denominada: www.decidoyo.com, en la que se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad pero, a la vez, se reta a la sociedad, "a acabar con los embarazos no deseados desde la educación y desde la formación".

Junto a dicha página web, las Juventudes del PSOE repartirán gratuitamente 100.000 nuevos 'medicamentos' que han denominado 'Precoitol', y que incluye "dos comprimidos de prevención y educación: concretamente, dos preservativos y un prospecto informativo". Unos 100.000 'medicamentos' de este tipo se repartirán gratuitamente.

Una caja de 'precoitol'
Pero el plato fuerte es un vídeo donde se ve a una joven escribiéndole una carta a su abuela, en la que le explica amablemente cómo ha afrontado un aborto, con imágenes de fondo que apuntan todo lo contrario. Se puede ver cómo relata que se lo ha contado a sus padres, junto a unas imágenes que expresan la reacción furibunda de estos. O cómo cuenta el apoyo que ha sentido de la gente, con imágenes impactantes de los momentos más radicales de las manifestaciones contra el aborto. No faltan las caras de Rouco Varela, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Según las Juventudes del PSOE, el vídeo trata de "poner en relieve el distanciamiento existente entre una mujer que ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo y una parte de la sociedad que llega a criminalizarla por ello".

Asimismo, los cachorros socialistas dicen que quieren denunciar el extremismo con el que se defienden algunas posiciones y, añaden, "respetamos todos los posicionamientos, pero el mismo respeto deben tener quienes desean interrumpir su embarazo dentro de unos límites comunes a la inmensa mayoría de la UE". El vídeo termina con una defensa del derecho de las menores de 16 y 17 años a tener la decisión en este asunto: "Con las más jóvenes, por su derecho a decidir".

Fuente: El Mundo

El Gobierno anuncia que el próximo año habrá una nueva ley del aborto

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado a su salida de la reunión del Comité de Expertos para el estudio de la interrupción del embarazo que en el primer semestre de 2009 se presentará en el Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre este tema para su aprobación. No se trata de una reforma o de un nuevo decreto sino de una legislación que regulará el aborto en nuestro país y garantizará la equidad territorial.

"No puede ser que una mujer que quiera interrumpir su embarazo en España tenga dificultades por vivir en una comunidad autónoma u otra", ha afirmado Bibiana Aído a su salida de la reunión.

La ministra también ha insistido en que la nueva ley garantizará la seguridad jurídica de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y de los médicos que realicen esta práctica.

Aído no ha ofrecido más datos sobre si el tipo de ley que se planteará será una norma de plazos o de supuestos. Lo que ha transmitido es que a lo largo de los próximos seis meses un comité formado por 13 expertos juristas y sanitarios estudiará y comparará las leyes vigentes en el mundo y analizará cómo se gestiona la atención a las mujeres en España.

La ministra ha indicado que este grupo, con un "alto nivel científico e intelectual", elaborará el texto del Proyecto de Ley en un periodo de seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación. Asimismo, ha explicado que al mismo tiempo, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la "nueva" ley.

Según Aído, es lógico hacer una revisión después de 23 años de ley porque la sociedad española ha cambiado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha adelantado que la iniciativa parlamentaria se plantea con el objetivo de "garantizar que las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo lo hagan en las mejores condiciones tanto en lo que se refiere al respeto a su intimidad como de la calidad de la atención médica que reciban".

Juristas y sanitarios
El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen:

José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, redactó el proyecto de cógido penal del 94 y coordinó la redacción de la ley del menor de ese año.

Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en asuntos sociales en el Ayuntamiento de Madrid, fue la primera presidenta española de planificación familiar.

Javier Martínez Salmeán es jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género, fue la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

José María Bedoya Bergua es catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla.

Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).

Francisco Tonat Colomer, ginecólogo y catedrático de Enfermería Materno-Infantil de la Universidad de Valencia. Patricia Laurenzo Capello es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

Por parte del Ministerio de la Presidencia participarán José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica; del Ministerio de Justicia estarán presentes los asesores del Gabinete del ministro Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán; y, por parte de Sanidad, asistirán José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.

Además del este grupo de expertos, se conformará a petición del PSOE un subcomité en el Congreso, que deberá tener aprobadas sus conclusiones la próxima primavera, según ha anunciado el portavoz socialista en esta cámara, José Antonio Alonso. La petición deberá ser examinada por la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que habrá de decidir si esa subcomisión se adscribe a la nueva Comisión de Igualdad, como ocurrió con la pedida por ER-IU-ICV, o bien se vincula a la de Justicia, que tradicionalmente ha analizado esta cuestión.

Fuente: El Mundo