La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado a su salida de la reunión del Comité de Expertos para el estudio de la interrupción del embarazo que en el primer semestre de 2009 se presentará en el Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre este tema para su aprobación. No se trata de una reforma o de un nuevo decreto sino de una legislación que regulará el aborto en nuestro país y garantizará la equidad territorial.
"No puede ser que una mujer que quiera interrumpir su embarazo en España tenga dificultades por vivir en una comunidad autónoma u otra", ha afirmado Bibiana Aído a su salida de la reunión.
La ministra también ha insistido en que la nueva ley garantizará la seguridad jurídica de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y de los médicos que realicen esta práctica.
Aído no ha ofrecido más datos sobre si el tipo de ley que se planteará será una norma de plazos o de supuestos. Lo que ha transmitido es que a lo largo de los próximos seis meses un comité formado por 13 expertos juristas y sanitarios estudiará y comparará las leyes vigentes en el mundo y analizará cómo se gestiona la atención a las mujeres en España.
La ministra ha indicado que este grupo, con un "alto nivel científico e intelectual", elaborará el texto del Proyecto de Ley en un periodo de seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación. Asimismo, ha explicado que al mismo tiempo, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la "nueva" ley.
Según Aído, es lógico hacer una revisión después de 23 años de ley porque la sociedad española ha cambiado.
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha adelantado que la iniciativa parlamentaria se plantea con el objetivo de "garantizar que las mujeres que tienen que interrumpir el embarazo lo hagan en las mejores condiciones tanto en lo que se refiere al respeto a su intimidad como de la calidad de la atención médica que reciban".
Juristas y sanitarios
El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen:
José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, redactó el proyecto de cógido penal del 94 y coordinó la redacción de la ley del menor de ese año.
Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en asuntos sociales en el Ayuntamiento de Madrid, fue la primera presidenta española de planificación familiar.
Javier Martínez Salmeán es jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género, fue la primera presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
José María Bedoya Bergua es catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla.
Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).
Francisco Tonat Colomer, ginecólogo y catedrático de Enfermería Materno-Infantil de la Universidad de Valencia. Patricia Laurenzo Capello es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
Por parte del Ministerio de la Presidencia participarán José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica; del Ministerio de Justicia estarán presentes los asesores del Gabinete del ministro Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán; y, por parte de Sanidad, asistirán José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.
Además del este grupo de expertos, se conformará a petición del PSOE un subcomité en el Congreso, que deberá tener aprobadas sus conclusiones la próxima primavera, según ha anunciado el portavoz socialista en esta cámara, José Antonio Alonso. La petición deberá ser examinada por la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que habrá de decidir si esa subcomisión se adscribe a la nueva Comisión de Igualdad, como ocurrió con la pedida por ER-IU-ICV, o bien se vincula a la de Justicia, que tradicionalmente ha analizado esta cuestión.
Fuente: El Mundo
